La promulgación de la llamada Ley Trans (Ley 4/2023, de 28 de febrero) supuso un impacto significativo en el mercado de trabajo, al promover sin ningún tipo de ambages la plena igualdad y la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. En este sentido, la ley apuesta claramente por la implementación de planes de igualdad en la empresa y protocolos de actuación destinados a evitar cualquier tipo de acoso, violencia o discriminación contra las personas integrantes de dicho colectivo.
Esta ley tiene como objetivo fundamental el desarrollo y afianzamiento de los derechos correspondientes a las personas LGTBI, garantizando de este modo la igualdad real y efectiva de tales personas con el resto de personas trabajadoras. Se trata en definitiva de garantizar entornos labores que resulten justos y equitativos para todas las personas , con independencia del sexo o la orientación sexual de cada trabajador.
¿En qué medida la Ley Trans ha significado una revolución en el ámbito laboral?
La Ley 4/2023 ha supuesto todo un vuelco en el marco de las relaciones laborales en el seno de la empresa. Algunos de los puntos en los que esta ley ha tenido mayor impacto serían los siguientes:
- Protección contra el acoso y la discriminación laboral. La ley establece una serie de medidas tendentes a prevenir y sancionar cualquier tipo de acoso o discriminación en el trabajo por razón de orientación sexual o de identidad de sexo.
- Establecimiento de planes de igualdad obligatorios, cuando se trate de empresas con más de 50 personas trabajadoras en plantilla. Estos planes deben incluir protocolos internos que salvaguarden la dignidad de las personas LGTBI en el entorno laboral, promoviendo un ambiente inclusivo y libre de discriminación. En Igualándote te ofrecemos toda la información y el asesoramiento que puedas necesitar para la implementación en tu empresa de estos planes y protocolos
- Derecho a la igualdad salarial. Ninguna persona trabajadora puede ver mermada su remuneración por razón de orientación sexual o de identidad de sexo.
- Condiciones especiales en materia sanitaria. La ley reconoce a las personas trans el derecho a acceder a aquellos tratamientos y procedimientos médicos específicos que puedan precisar en atención a su identidad de sexo.
Esta ley constituye en definitiva un hito en la lucha por la igualdad y los derechos de las personas LGTBI. Su impacto sobre las empresas resulta mayúsculo, dado que las obliga a adaptarse a su normativa y contribuir así al fomento de una sociedad más justa y equitativa para todas las personas.
¿Qué obligaciones impone la Ley Trans a las empresas?
La normativa recogida en el articulado de esta ley exige a las empresas la observancia de determinadas buenas prácticas, las cuales se traducen en una serie de obligaciones, entre las que cabe destacar las siguientes:
- Garantizar el debido respeto a la identidad de sexode todas y cada uno de las personas que componen la plantilla.
- Proteger a las personas LGTBI frente a cualquier forma de discriminación o acoso en el trabajo, incluyendo medidas preventivas para evitar que se produzcan.
- Fomentar la inserción laboral del colectivo LGTBI, desarrollando para ello prácticas más inclusivas y respetuosas de la diversidad de sexo. Esta obligación exigiría una absoluta igualdad de trato y de oportunidades en los procesos de selección y desarrollo profesional dentro de la empresa.
- Actualizar la información relativa a aquellas personas empleadas que, como consecuencia de su identidad de sexo, hayan decidido cambiar de nombre y de sexoen los documentos identificativos oficiales, como el DNI o el Pasaporte.
Medidas a aplicar por las Administraciones públicas
Aparte de estas políticas de igualdad y no discriminación que deben aplicar las empresas, las diferentes Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, están asimismo obligadas a adoptar medidas que impulsen la integración sociolaboral de las personas trans.
Estas medidas pasan por desarrollar campañas y estrategias de concienciación que promuevan la eliminación y corrección de cualquier forma de acoso o discriminación de las personas LGTBI, así como procedimientos que permitan dar cauce a las denuncias y sancionar las conductas ilícitas. Las Administraciones públicas deberán también controlar la evolución de la situación laboral de tales personas en el territorio de su competencia, así como establecer subvenciones que favorezcan su contratación.
Se prevé también la creación de distintivos que permitan reconocer a aquellas empresas que destaquen en la aplicación de políticas de igualdad y no discriminación del colectivo LGTBI. Asimismo, las Administraciones deberán velar por el efectivo cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras de dicho colectivo, sirviéndose para ello de los mecanismos de que dispone la Inspección de Trabajo y Seguridad Social u otros órganos competentes.
