La entrada en vigor de la Ley 2/2023 de 20 de febrero (más conocida como Ley de Protección del Informante) ya está aquí: para las administraciones de municipios con más de 10.000 habitantes y para las empresas con más de 250 personas en plantilla, la fecha de aplicación es el 13 de junio de 2023.
La consultora legal granadina Igualándote, especializada en asesoría legal en materia de igualdad, lanza una solución técnica en armonía con las exigencias de esta nueva regulación en forma de canal ético de denuncia de irregularidades: Canaliza. Si estás vinculado o vinculada de alguna manera a una organización de cierta talla, esta información te interesa.
El whistleblowing, el fondo de la cuestión
Como nos explican desde Igualándote, el principio sobre el que se construye esta nueva legislación es lo que se suele denominar “whistleblowing”, algo así como “dar la voz de alarma” sobre alguna práctica éticamente censurable y, ante todo, sobre conductas que infrinjan la legalidad en cuestión de seguridad y salud en el trabajo.
Este principio, que viene de la tradición anglosajona (con Garganta Profunda, el confidente del caso Watergate como representante más famoso), tiene el objetivo de facilitar que aquellas personas que estén al tanto de fenómenos indeseables en el seno de las organizaciones (corrupción, discriminación, malas prácticas, etc.) den noticia de ellos de forma segura y anónima.
El canal de denuncias, mecanismo imprescindible
El mecanismo que se exige a las organizaciones para facilitar el wistheblowing consiste, entre otras medidas, en la puesta en marcha de lo que se conoce como “canal ético de denuncia”, un espacio virtual donde cualquier persona relacionada con la organización (no solo como empleado, sino también como cliente, colaborador, subcontrata, etc.) pueda presentar su informe.
Para los legos en la materia estaríamos hablando de una página web (convenientemente protegida) que funciona como un canal interno de información para que las organizaciones puedan gestionar de manera eficiente esas denuncias y, ante todo, detectar las malas prácticas que pueden pasarnos desapercibidas en nuestra propia casa.
Evidentemente, a los requisitos técnicos para cumplir con la legalidad (y que tienen que ver de manera primordial con la protección de datos personales) se une toda una serie de mecanismos de registro, tratamiento y actuación con componentes jurídicos y administrativos que invitan a contar con un servicio experto y especializado, como el que brinda la consultora granadina Igualándote.
En Granada, los “afectados” en junio de 2023 son unas treinta grandes empresas y la veintena de municipios más poblados.
¿A quién, cuándo y cómo afecta?
En el caso de Granada, por el momento los “afectados” directos son una treintena de grandes empresas con plantillas de más de 250 empleados y una veintena de municipios, los más poblados de la provincia. Pero para el final de este año la regulación se aplicará a todos los municipios y a las empresas de más de 50 empleados.
Al margen del espíritu moralmente positivo que reviste esta iniciativa legal, las sanciones por incumplimiento en la aplicación de la ley oscilan, para las personas jurídicas, entre los 100.000 y los 1.000.000 euros, en función de la gravedad de dicho incumplimiento, algo que puede complicar mucho la vida de muchas organizaciones.
Los elementos imprescindibles para superar los desafíos propios de habilitar un canal ético de denuncia de irregularidades son básicamente dos: facilidad de uso (tanto para la usuaria o usuario como para la nueva figura del gestor de denuncias) y eficacia en la gestión del flujo de denuncias. Cualquier herramienta que empleemos debe incorpora la legalidad y la seguridad desde el diseño.
